Parlamentarios piden «investigación profunda» tras nuevo caso de fraude en el Ejército

Variadas reacciones se han generado luego que Radio Bío Bío revelara que el ex comandante de Operaciones Internacionales del Ejército, Óscar Munizaga, habría desviado para su uso personal más de 6 mil dólares -unos 4 millones de pesos- destinados al traslado de los efectivos que participaron de las Misiones de Paz en Haití.

El ex oficial fue procesado en diciembre de 2018 por fraude al Fisco, y estuvo un mes en prisión preventiva. Pero, ahora, será la ministra en visita Romy Rutherford quien asuma las indagatorias de este caso.

Respecto de toda esta situación, el diputado de Revolución Democrática, Jorge Brito, que presidiera la Comisión Investigadora por actos irregulares en la institución castrense en la Cámara Baja, sostuvo que el Ejército debe ser parte querellante en esta causa y que se ha demostrado que los fraudes en la institución no son casos aislados.

“Han querido hacer entender que las irregularidades en el uso de recursos públicos, eran situaciones particulares, pero son situaciones recurrentes, una cultura del abuso a los recursos públicos”, criticó.

“Si estos son fraudes al Ejército y no fraudes del Ejército, entonces que el Ejército se haga parte en cada una de estas querellas”, agregó Brito.

En tanto, el presidente de la Comisión de Defensa Nacional del Senado, Carlos Bianchi, explicó que los distintos actos irregulares se deben a que los altos mandos del Ejército han actuado con la seguridad de que la sociedad civil no contaba con mecanismos de fiscalización efectivos.

En ese sentido, aseguró que debe hacerse una investigación en profundidad de todas las posibles aristas que puedan derivar de este y otros casos de fraude.

“Estas personas se sentían históricamente intocables, no había por parte de la autoridad civil, grados de fiscalización que pudieran haber corregido o evitado la forma en que venían operando”, señaló.

El diputado UDI de la Comisión de Defensa en la Cámara, Álvaro Carter, coincidió en que el Ejército debe tomar una postura más activa respecto de estos casos, y además apuntó a buscar a los responsables de la inexistente fiscalización.

“Tenemos que fijar nuestros ojos en todas las entidades y todos los mecanismos que habían para evitar que esto sucediera, y los cuales no funcionaron. El Ejército tiene que hacerse parte de esta querella, ya basta con comunicados internos, porque esto no da para más”, sentenció.

Munizaga habría desviado estos fondos, provenientes del Ejército, a través de la agencia privada de viajes Andina del Sud, misma firma que aparece en una de las aristas que indaga la magistrada Romy Rutherford, denominada como “agencias de turismo”.

La información consta en el auto de procesamiento que dictó el pasado 11 de diciembre de 2018 el fiscal militar de Concepción, Fernando Grandón, por el delito de fraude al Fisco en contra de Munizaga, donde se detalla la operatoria usada para apropiarse de los fondos, tal como lo revela el expediente al que tuvo acceso la Unidad de Investigación de Radio Bío Bío.

De acuerdo al expediente, la agencia de viajes Andina del Sud hacía una cotización de cuánto costarían los pasajes para los traslados dentro de Haití y se le enviaba al Ejército, que a su vez emitía la orden de compra por el valor correspondiente.

La fórmula se utilizaba por entonces, ya que no existía otra posibilidad de adquirir esos tickets desde Chile. Ello se debía a que los sistemas informáticos con los que operaban las firmas del rubro a nivel mundial, no existían por esos años en el país caribeño.

Hay que recordar que esta misión de paz movilizó a 12 mil uniformados y el desembolso para el Estado de más de 170 millones de dólares durante 13 años.

Luego de procesar a Munizaga y atendida la gravedad del delito, el fiscal castrense Fernando Grandón ordenó su inmediata prisión preventiva. Acto seguido exhortó a su par de La Serena para que el exoficial quedara detenido en el regimiento Arica de esa ciudad.

No obstante, el fiscal Grandón mantuvo durante casi tres años abierta la causa, dictando en mayo de 2018 el sobreseimiento temporal, dejando a Munizaga fuera de toda sospecha, pese a tener pruebas para inculparlo.

La determinación llegó hasta el juez militar con asiento en Valdivia que revocó la resolución y ordenó a Grandón realizar una serie de diligencias y procesar a Munizaga por fraude al Fisco.

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