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Superintendencia de Pensiones vs ciudadano Rodríguez: la batalla por abrir la caja negra de las AFP

ESTIMADOS LECTORES TAL VEZ ESTA NOTICIA SEA ANTIGUA 03.09.2018,  PERO QUEREMOS VOLVER A INFORMARLA PARA CREAR CONCIENCIA EN TODOS LOS TRABAJADORES DEL PAÍS,QUE POR ALGUNOS Y OTRAS MALAS FISCALIZACIONES TENDREMOS PENSIONES DE MISERIAS.

Hace un año, el Consejo para la Transparencia le ordenó al superintendente de Pensiones, Osvaldo Macías, que entregara al ciudadano Esteban Rodríguez las “notas explicativas del 2002 al 2016 de los informes diarios” de las AFP, nada menos que el detalle de lo que las administradoras hacen con más de 200 mil millones de dólares de ahorro previsional de los chilenos. Macías había dicho que eso afectaría los intereses comerciales de la AFP y, para oponerse a la orden del Consejo, acudió a la justicia diciendo que lo pedido tomaría demasiado tiempo y recursos. El 22 de agosto recién pasado se escucharon los alegatos y quedaron en evidencia algunas inconsistencias de la SP. Por ejemplo, parece que entregar los datos no tomaría una eternidad, sino apenas 72 horas de trabajo. Pase y entérese.

Esteban Rodríguez estudió ingeniería civil electrónica, pero no terminó. Sí concluyó tecnólogo en mantenimiento industrial en la Usach y así llegó a prestar servicios a la minería. En ese ir y venir, conoció a Humberto Maturana, asistió a un curso de biología cultural en 2014 que le “voló las neuronas”, cuenta. En eso estaba cuando comenzó a urgirle la situación previsional de sus padres. Autodefinido como matemático, se puso a analizar la información que las AFP y la Superintendencia de Pensiones (SP), que las fiscaliza, entregaban al público sobre cómo se administra el dinero acumulado en décadas por trabajadores y trabajadoras chilenas y que, según ha quedado establecido en numerosos estudios, apenas alcanza para financiar pensiones de miseria. Rodríguez, sin embargo, no podía entender por qué sus padres, que no tenían lagunas previsionales, estaban recibiendo una pensión tan baja.

Hoy, mientras Sebastián Piñera prepara el envío del proyecto de ley que propone elevar las cotizaciones, obligar a los independientes a imponer y negar la posibilidad de cualquier forma de solidaridad al interior del sistema, la entidad que debe fiscalizar a las AFP se niega rotundamente a abrir la caja negra que registra el uso, en tiempo real, de los fondos previsionales. Rodríguez ha estado pidiéndolo hace tiempo, porque, dice, quiere comprobar por sí mismo si la pensión que el sistema le ha asignado a sus padres, corresponde.

El 22 de marzo de 2017, Rodríguez pidió por Ley de Transparencia que la Superintendencia, que conduce Osvaldo Macías, le entregara las llamadas “notas explicativas” de los informes diarios de las AFP. Quería, ni más ni menos, conocer el detalle real que las gestoras privadas están obligadas a entregar a la autoridad sobre los movimientos que realizan, dentro y fuera del país, con los más de 200 mil millones de dólares acumulados desde 1981, cuando se creó el actual sistema de pensiones de capitalización individual obligatoria.

Actualmente, los trabajadores cotizan el 10 por ciento de su salario a este fondo previsional y una cotización adicional, que hoy bordea un 1,4 por ciento de su sueldo, que es el pago de comisión a las propias AFP por el servicio de administrar sus dineros. Sin embargo, no es lo único que pagan. Las AFP descuentan otro porcentaje directamente de sus ahorros previsionales para pagar a traders o gestores de fondos, por el servicio de invertir los dineros en distintos instrumentos, principalmente fuera del país. Supuestamente, esta comisión oculta tiene el beneficio de entregar los fondos a las manos más expertas del mundo en materia de inversiones rentables. Ese porcentaje alcanza a menos del 0,5% del fondo, pero como éste equivale al 70 por ciento del PIB nacional, es una cantidad de dinero sideral. Se estima que bordearía los 600 millones de dólares al año. La propia Presidenta Michelle Bachelet se comprometió en agosto de 2016 a modificar esta práctica del cobro de “comisiones fantasmas” para que el sistema se hiciera más transparente y parte de ellas al menos fuera de cargo de las AFP, puesto que ya reciben una comisión de administración. No obstante, eso nunca ocurrió, entre otros motivos, por la recomendación “técnica” de las AFP que hicieron ver sus aprensiones justamente a través de la SP.

Aunque la Superintendencia publica trimestralmente un informe que revela el pago de dichas comisiones, el detalle de cómo se hacen los desembolsos, a quiénes llegan y cuál es el retorno en rentabilidad de las inversiones de los traders, no es público. Tampoco una serie de detalles de las inversiones, del stock de las mismas, de los llamados rebates extranjeros y las distintas negociaciones que en privado llevan las AFP con los cientos de intermediarios financieros especialmente en el extranjero, donde se determina lo que gana cada fondo de pensión y que nadie ha podido conocer hasta su último detalle. O si el valor de las cuotas en que están representados los ahorros es lo que las AFP y la autoridad dicen.

Con ese afán de desenredar esa madeja, Rodríguez acudió al Consejo para la Transparencia para pedir amparo por la negativa de la Superintendencia y el 18 de agosto de 2017 obtuvo un pronunciamiento a su favor de parte de esta entidad que supervisa que las instituciones públicas respeten las normas de transparencia vigentes en Chile.

Pero Osvaldo Macías no aceptó el pronunciamiento. El día previo a que venciera el plazo para que respondiera al Consejo si entregaría la información requerida, el 7 de septiembre de 2017, la Superintendencia le indicó a Rodríguez que estaba evaluando presentar un reclamo de ilegalidad a la Corte de Apelaciones. Esto, pese a que los verdaderos supuestamente afectados por la petición del ciudadano no era la SP, sino que las AFP.

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