Consulta indígena: la historia de un fracaso

Consulta indígena: la historia de un fracaso

Una abogada del Ministerio de Desarrollo Social agredida con un huiño o palín en Victoria; el escape por los techos de funcionarias de Gobierno en Carahue; el acarreo de conscriptos mapuches en Valdivia; o la quema de carpetas y documentos en Tirúa, son el botón de muestra del empantanado proceso de consulta que lleva adelante el Gobierno y que ahora piden detener los alcaldes mapuches de cuatro regiones del país.

El pasado 22 de mayo comenzó en la región de La Araucanía la consulta indígena del Gobierno. Este procedimiento busca conocer la opinión de los nueve pueblos originarios que existen al lo largo de Chile, para introducir cambios a la Ley Indígena (19.253), normativa que fue diseñada en el primer Gobierno de la Concertación, en la década del 90.

La decisión del ministro de Desarrollo Social, Alfredo Moreno, de iniciar el procedimiento bajo Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), se da luego que la agenda indígena del Gobierno se paralizó en La Araucanía, debido al homicidio de Camilo Catrillanca en noviembre del año pasado, en la comunidad Temucuicui de Ercilla, a manos del Comando Jungla de Carabineros.

La promesa del presidente Sebastián Piñera a los pies del Cerro Ñielol de Temuco, era que a fines de 2018 se presentaría en el Congreso Nacional un proyecto ansiado y discutido por los indígenas: el reconocimiento constitucional, es decir, que el Estado de Chile se transformaría en una nación multicultural, que reconoce a sus pueblos originarios. A esto se suma, una ley de cuotas para que los indígenas logren representación en el parlamento.

Nada de eso ocurrió. Aún no ingresan en el legislativo los proyectos de reconocimiento y ley de cuotas. Recién, el 14 de mayo de este año, el Gobierno presentó una batería de indicaciones para acelerar la tramitación del Ministerio de Asuntos Indígenas y el Consejo de Pueblos, promesas tan viejas como la misma Ley Indígena.

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Una abogada del Ministerio de Desarrollo Social agredida con un huiño o palín en Victoria; el escape por los techos de funcionarias de Gobierno en Carahue; el acarreo de conscriptos mapuches en Valdivia; o la quema de carpetas y documentos en Tirúa, son el botón de muestra del empantanado proceso de consulta que lleva adelante el Gobierno y que ahora piden detener los alcaldes mapuches de cuatro regiones del país.

“Debemos tener claridad, en la reflexión de fondo, porque la tierra mapuche no se vende, no está a disposición del mercado, porque es tierra que se ha logrado restituir y es parte del territorio ancestral del pueblo mapuche”, dice el alcalde de Lumaco, Manuel Painiqueo.

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