Informes de Contraloría complican a municipios de Tierra Amarilla y Caldera

Informes de Contraloría complican a municipios de Tierra Amarilla y Caldera

Una auditoría detectó irregularidades en 352 permisos de circulación en la primera comuna, donde la alcaldía culpa a la administración anterior.

En Caldera, en tanto, se está realizando un juicio de cuentas contra la alcaldesa y 23 funcionarios.

Dos fiscalizaciones de Contraloría mantienen complicadas a las gestiones municipales de Tierra Amarilla y de Caldera, en la Provincia de Copiapó.

Mientras la primera se enfrenta a un sumario por eventuales responsabilidades administrativas, la segunda fiscalización derivó en un juicio de cuentas contra la alcaldesa y 23 funcionarios.

Una auditoría a los ingresos percibidos por permisos de circulación en la comuna de Tierra Amarilla presentó consistentes diferencias en los valores consignados según la tasación del Servicio de Impuestos Internos durante el período comprendido entre el 1 de enero de 2017 y el 31 de diciembre de 2018.

Al respecto, se advirtió el menor cobro en los tributos recaudados por la Municipalidad en ese lapso, por un monto de 96 millones 60 mil 485 pesos.

365 permisos de circulación sin antecedentes

«Se verificó que la Municipalidad de Tierra Amarilla giró 352 permisos de circulación que no contaban con la totalidad de los antecedentes necesarios para su emisión, por lo que la entidad deberá, en lo sucesivo, adoptar las medidas correctivas a fin de dar estricto cumplimiento a la normativa vigente», señala el informe.

Además, se corroboró, que la entidad edilicia giró permisos de circulación con multas de tránsito vigentes, que no fueron pagadas, ascendentes a un monto que supera los dos mil millones de pesos.

Se evidenció aquí que «la Municipalidad de Tierra Amarilla no cuenta con un manual de procedimientos que regule formalmente los aspectos de control sobre los procesos y documentos relacionados con los permisos de circulación vehicular«, apuntó.

Cobro de permisos alterados manualmente

En su respuesta, el administrador municipal de Tierra Amarilla, Alejandro Mella enfatizó que el informe de Contraloría describe irregularidades acaecidas en el periodo del anterior alcalde (Osvaldo Delgado, que está suspendido de sus funciones y formalizado por varias causas penales y civiles), y detecta como principal responsable de las irregularidades a un funcionario de su confianza que estaba a cargo del Departamento de Transito.

«Cuando nos percatamos de esta situación, instruimos un sumario administrativo para establecer responsabilidades y aplicar sanciones, lo que posteriormente derivó en que la CGR conociera este sumario, y ejerciera su facultad investigativa y fiscalizadora», afirmó Mella.

Los antecedentes fueron entregados al Ministerio Público, y el proceso aún se encuentra en tribunales.

«Se pudo detectar que manualmente se alteró el cobro de los permisos de circulación, por lo que se entiende que, eventualmente, el funcionario que atendía a los contribuyentes, de forma arbitraria alteró el sistema y manejó los precios, no cobrando lo que por permiso de circulación correspondía. Omitiendo, de esta manera, cobros exigidos por la normativa», agregó el administrador municipal.

Juicio de cuentas en Caldera

En la comuna de Caldera, en tanto, la Contraloría General de la República está desarrollando un juicio de cuentas por la responsabilidad de la alcaldesa Brunilda González y otros 23 funcionarios municipales, por un presunto daño patrimonial superior a los 35 millones de pesos durante el ejercicio del presupuesto entre el 1 de enero de 2017 y el 30 de junio de 2018.

Los hechos corresponden a una rebaja en una multa a un proveedor sin tener potestad para realizarla, razón por lo cual se cuestionan 29 millones de pesos. El informe incluye falta de respaldos y un contrato del servicio de sala cuna mediante trato directo.

A su vez, se observó que funcionarios municipales realizaron cargas de combustibles por sobre la capacidad de estanque el mismo día de forma efectiva y cargas efectuadas por una persona que no pertenece al personal municipal, sumando dos millones de pesos en la operaciòn.

Desde el municipio de Caldera, el alcalde subrogante, Felipe Fuentes, declaró ayer al Diario de Atacama que «cada uno de los funcionarios está ejerciendo su derecho y señalando lo pertinente, conforme a los procedimientos establecidos por la Contraloría General de la República y las imputaciones efectuadas por ello, por lo tanto, deberán referirse a estos hechos dentro del procedimiento y no corresponde hacer juicios antes«.

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