Logran destrabar autorización de aeronaves no tripuladas para Carabineros tras fuerte presión al Gobierno Central
“Ver para creer”: en punto de prensa, autoridades exigieron decreto de Hacienda firmado para validar el compromiso y concretar la transferencia de recursos.
La Región de Coquimbo consiguió finalmente la autorización para avanzar en la adquisición de drones de vigilancia destinados a reforzar el trabajo de Carabineros. El anuncio fue confirmado luego de semanas de gestiones, presiones políticas y demandas públicas encabezadas por el gobernador regional, Cristóbal Juliá.
La iniciativa, financiada con más de $11.195 millones del Gobierno Regional, permitirá incorporar aeronaves no tripuladas para vigilancia aérea, apoyo a operativos policiales, detección temprana de plantaciones ilícitas y fortalecimiento de la prevención en sectores urbanos y rurales. Sin embargo, las autoridades regionales advirtieron que el proceso no se considera cerrado hasta contar con el decreto de Hacienda validado por Contraloría.
El punto de prensa se realizó acompañado de vecinas, vecinos y dirigentes sociales que han denunciado el incremento de delitos y la falta de herramientas tecnológicas para enfrentar el narcotráfico y el crimen organizado. Allí, el gobernador fue categórico al exigir garantías formales.
El gobernador señaló que el compromiso ya había sido anunciado anteriormente sin resultados, por lo que insistió en contar con documentos oficiales que respalden la transferencia. Cristóbal Juliá afirmó: “Ver para creer. Ya en un punto de prensa anterior se había comprometido esta aeronave y nada se cumplió. No voy a bajar los brazos. Necesito ver la firma de la directora y el decreto de Hacienda que confirme que esto es real, porque hasta ahora no he visto ninguna firma. Muchas de estas decisiones se han manejado de forma extraoficial y solo nos enteramos con el paso de los días. Por eso exijo claridad total”.
El gobernador profundizó en las dificultades que han enfrentado durante la tramitación, calificando como injustificadas las solicitudes reiteradas de documentación ya entregada y la falta de respuesta técnica desde el nivel central. “Es lamentable llegar a este punto para defender recursos que, por ley, pertenecen a la región. DIPRES había comprometido en septiembre la aprobación, pero nuevamente se nos niega sin sustento, pidiendo documentos que ya estaban en manos del ministerio. Mientras tanto, la región más productora de marihuana del país enfrenta un avance del narcotráfico que pone en riesgo la vida rural y la seguridad de miles de familias. No es aceptable que sigan dilatando una inversión que está completamente acreditada”, indicó.
En plena conferencia, el anuncio generó respaldo entre parlamentarios presentes, aunque la exigencia de ver los documentos se mantuvo como condición esencial para validar el avance.
El senador Matías Walker destacó que el logro fue consecuencia directa de la presión mancomunada de autoridades y actores sociales. “Esta autorización se firmó gracias a la presión que ejercimos con dirigentes, autoridades y el Consejo Regional. Ver para creer. Ahora debemos ver la autorización firmada y que Contraloría tome razón, tal como ya ocurrió con otros proyectos. La unidad regional nuevamente demuestra que funciona”, señaló.
