Estados Unidos oficializa implementación de tasa arancelaria de 12,5% a Chile y a otros 59 países
La Oficina del Representante Comercial de los Estados Unidos (USTR) oficializó la implementación de un arancel de 12,5% a Chile, en virtud de la Sección 301 de la Ley de Comercio de 1974, por no haber establecido ni aplicado “de forma efectiva” una prohibición a la importación de mercancías fabricadas con trabajo forzoso. La medida también se aplicará a otros 59 países.
“La medida de hoy tiene lugar tras las investigaciones de la USTR, las cuales incluyeron dos rondas de audiencias públicas, más de 2.100 comentarios públicos y gestiones con nuestros socios comerciales para remediar estas preocupaciones históricas”, comunicó la USTR.
Al respecto, Jamieson Greer, representante Comercial de los Estados Unidos, dio cuenta que “el presidente Trump reconoce que décadas de persuasión moral no han logrado erradicar el trabajo forzoso de las cadenas de suministro mundiales. Estados Unidos ha contado con una prohibición a la importación de bienes producidos con trabajo forzoso durante casi un siglo y la aplica rigurosamente; ya es hora de que nuestros socios comerciales hagan lo mismo”.
“La medida de hoy comenzará a corregir lo que constituye tanto un abuso de los derechos humanos como una práctica comercial distorsionadora, con el fin de mejorar el bienestar de los trabajadores en todo el mundo. Me alienta ver que hay socios comerciales que han actuado con rapidez para adoptar prohibiciones a la importación vinculadas al trabajo forzoso, y espero trabajar para garantizar su aplicación efectiva”, agregó.
En este sentido, la USTR identificó 54 economías -entre ellas Chile- que no han promulgado ni aplicado una prohibición contra la importación de bienes elaborados con trabajo forzoso. A este grupo se suman otras seis que, si bien cuentan con un marco regulatorio, aplican la normativa de manera “insuficiente” según el organismo estadounidense.
Por su parte, la Subsecretaría de Relaciones Económicas Internacionales de Chile (Subrei), emitió una declaración pública en la que se indicó que el país “cuenta con una sólida institucionalidad laboral, un marco regulatorio robusto y un firme compromiso con la prevención y erradicación del trabajo forzoso, respaldado por el cumplimiento de los convenios internacionales suscritos por el país en esta materia. En ese contexto, el Gobierno de Chile considera que la aplicación de esta medida a nuestro país no se condice con estos estándares, ni con los antecedentes técnicos, políticos y jurídicos presentados durante todo el proceso de esta investigación”.
