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Seguridad rural en Limarí pone foco en robos que afectan a agricultores

La necesidad de fortalecer la seguridad en las zonas rurales y avanzar en cambios legislativos para enfrentar los robos que afectan a la actividad agrícola fueron los principales temas abordados en una nueva mesa de trabajo desarrollada en la provincia de Limarí.

La instancia fue convocada por la Delegación Presidencial Provincial de Limarí y la Sociedad Agrícola del Norte A.G. (SAN), y reunió a representantes de la Seremi de Seguridad Pública, Agricultura, Carabineros, Policía de Investigaciones, Fiscalía, agricultores y representantes de parlamentarios de la Región de Coquimbo.

También se había solicitado la participación del Servicio de Impuestos Internos y del Servicio Agrícola y Ganadero, debido a la importancia que tienen estos organismos en materias relacionadas con la comercialización de especies y productos que pudieran ser sustraídos.

Durante la jornada, representantes de la SAN presentaron los resultados del Barómetro de Robo Agrícola de la Región de Coquimbo, instrumento que permitió conocer la afectación de los agricultores durante los últimos seis meses, además de la percepción de inseguridad y las consecuencias que estos delitos generan en la producción y funcionamiento de las actividades agrícolas.

En el encuentro se destacó que, pese a la coordinación existente entre las instituciones encargadas de prevenir, investigar y perseguir estos delitos, persisten dificultades vinculadas a las sanciones y a la legislación aplicable, especialmente frente a los robos cometidos en sectores rurales y lugares no habitados.

La Fiscalía estuvo representada por el fiscal jefe de Ovalle, Rodrigo Gómez, y el fiscal de Focos Investigativos, Nicolás Nicoreanu, quien expuso las estrategias que se están implementando para investigar los delitos que afectan al sector rural.

Los persecutores también hicieron hincapié en la importancia de que los agricultores denuncien los hechos y aporten todos los antecedentes y evidencias disponibles, considerando que esta información permite fortalecer las investigaciones y facilitar la identificación de los responsables.

La seremi de Seguridad Pública, María José Duarte, destacó la coordinación entre el Gobierno, las policías y otras instituciones para enfrentar esta problemática, aunque reconoció que aún existen desafíos que requieren modificaciones legales.

«Hay un trabajo que se está haciendo desde el Gobierno, desde las policías y desde las distintas instituciones para enfrentar esta problemática, pero también entendemos que hay aspectos que requieren cambios legislativos», señaló la autoridad.

Desde Agricultura, el seremi Vicente Cortés planteó la necesidad de modificar el tratamiento legal de los delitos que afectan al mundo agrícola, particularmente los robos en lugares no habitados.

«Tiene que haber un cambio de fondo, principalmente en el robo en lugar no habitado y en el mundo agrícola, con sanciones más gravosas que sean un desincentivo para el delincuente», sostuvo.

La delegada presidencial provincial de Limarí, Ivonne Guerra, fue más enfática y llamó a que las conversaciones desarrolladas en estas mesas se traduzcan en acciones concretas y modificaciones a la legislación.

«Necesitamos que las leyes cambien. Mientras las leyes no cambien, vamos a seguir en las mismas y vamos a seguir teniendo las mismas reuniones», afirmó.

La autoridad también instó a los parlamentarios a involucrarse activamente en la discusión y conocer directamente las dificultades que enfrentan los agricultores, con el objetivo de impulsar cambios que permitan contar con mayores herramientas para enfrentar la delincuencia en sectores rurales.

Desde el sector pisquero, el director del Consejo de Administración de la Cooperativa Control Pisquero, Félix Rodríguez, valoró el encuentro y manifestó su disposición para facilitar espacios que permitan abordar los problemas de seguridad que afectan a la comunidad y particularmente a los productores.

La jornada contó además con representantes enviados por el senador Daniel Núñez y los diputados Bernardo Leyton y Erich Grohs, quienes recibieron el llamado de autoridades y agricultores para avanzar en modificaciones que permitan reforzar la protección del sector rural.

Desde la Sociedad Agrícola del Norte, su director Ulises Contador sostuvo que se requieren medidas inmediatas, pero también cambios estructurales para enfrentar el problema de fondo.

La organización advirtió que los robos están afectando directamente la capacidad productiva de los agricultores y planteó que, mientras las modificaciones legales requieren tiempo, es necesario mantener y fortalecer el trabajo conjunto entre productores, policías, Fiscalía y autoridades para adoptar medidas concretas frente a una problemática que, aseguran, continúa afectando al mundo rural.

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