Senadores Longton y Squella proponen indicaciones para destrabar la reforma de seguridad
Los senadores Andrés Longton, de Renovación Nacional, y Arturo Squella, del Partido Republicano, elaboraron una propuesta con siete modificaciones a la reforma constitucional de seguridad impulsada por el Gobierno. La iniciativa busca ampliar el respaldo parlamentario antes de su discusión en la Comisión de Constitución, prevista para comienzos de octubre.
Uno de los principales ajustes consiste en eliminar la creación de un quinto estado de excepción constitucional. En su reemplazo, los legisladores plantean incorporar al actual estado de emergencia una causal ante amenazas de grave alteración del orden público o de grave daño a la seguridad de la nación.
La fórmula preliminar también propone equiparar el crimen organizado con el terrorismo, declarando que ambos son contrarios a los derechos humanos y extendiendo a las organizaciones criminales las inhabilidades establecidas para las conductas terroristas.
Otro cambio apunta a retirar las facultades especiales de interceptación de comunicaciones incluidas en el texto original y acortar los plazos propuestos por el Ejecutivo para prorrogar el estado de excepción.
La primera renovación podría realizarse sin autorización del Congreso, aunque este tendría la facultad de dejarla sin efecto en cualquier momento. Transcurridos 30 días, las siguientes prórrogas deberían someterse a votación parlamentaria.
El documento incorpora, además, una iniciativa de la senadora y presidenta del Partido Socialista, Paulina Vodanovic, para habilitar regímenes especiales de seguridad penitenciaria.
En cuanto al registro de organizaciones criminales, Longton y Squella plantean que su conformación, el procedimiento judicial para determinar la existencia de estas agrupaciones y los efectos de esa calificación sean regulados posteriormente mediante una ley.
El Gobierno necesita 29 votos para aprobar la idea de legislar, por lo que requiere el apoyo de al menos cuatro senadores de oposición.
Squella explicó que la propuesta pretende abordar las inquietudes expresadas por algunos parlamentarios sin alterar el propósito de la reforma. Longton, por su parte, destacó la apertura del Ejecutivo a modificar la redacción y sostuvo que el acuerdo busca conseguir un respaldo amplio para las herramientas contra el crimen organizado.
