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El requerimiento solicitado de forma unánime por los integrantes del Comité Asesor Regional de Gestión Integrada de Riesgos se basa en la crítica condición de disponibilidad hídrica y las proyecciones climáticas para el año 2025.

Hasta el próximo 31 de marzo, la Región de Coquimbo se encuentra sujeta a la declaración de emergencia agrícola por los efectos de daño productivo, derivado del déficit hídrico. Resolución que necesita extender su vigencia con motivo de las condiciones agroclimáticas presentes en el territorio, derivadas del cambio climático, que afectan duramente al desarrollo del sector silvoagropecuario.

Bajo este escenario sesionó el Comité Asesor Regional de Gestión Integrada de Riesgos, coordinado por la Seremi de Agricultura, con el fin de recabar antecedentes técnicos que validen la prórroga de este decreto, que permite una mayor disponibilidad de recursos y acciones para enfrentar la crisis hídrica.

“Estamos revisando los antecedentes técnicos, climáticos y administrativos necesarios para solicitar la factibilidad de extender la declaración de emergencia agrícola. Decreto emitido por el Ministerio de Agricultura que permite disponer de recursos adicionales a los presupuestos regulares de los servicios del ministerio. La vigencia de la declaración actual esta con plazo hasta el 31 de marzo, pero estamos convencidos en base a la información presentada en el comité, que es necesario extenderlo porque las proyecciones en el mediano y largo plazo hacen prever que la crisis hídrica se mantiene como una constante en la región”, señaló el Seremi de Agricultura, Christian Álvarez.

En el comité participaron el Centro de Estudios Avanzados en Zonas Áridas (CEAZA) y el Laboratorio de Prospección, Monitoreo y Modelación de Recursos Agrícolas y Ambientales de la Universidad de La Serena (PROMMRA), para la presentación de proyecciones en materias meteorológicas y de disponibilidad de recursos hídricos. Además, estuvieron presentes los servicios regionales de la cartera agrícola, como el Instituto de Investigaciones Agropecuarias (INIA), el Instituto de Desarrollo Agropecuario (INDAP), el Servicio Agrícola y Ganadero (SAG), la Comisión Nacional de Riego (CNR) y la Dirección General de Aguas (DGA) del Ministerio de Obras Públicas.