La región de Coquimbo se posiciona como una de las más afectadas por el creciente robo de cables en Chile, fenómeno que ha sido vinculado a bandas organizadas que no solo cortan las líneas eléctricas, sino que operan complejas redes de reducción y exportación ilegal de cobre. Este delito genera cuantiosas ganancias, lo que explica su rápida expansión y el impacto negativo en la infraestructura regional.

Las autoridades y parlamentarios destacan la urgencia de legislar para controlar chatarrerías, desarmadurías y fundiciones, puntos clave en la cadena de comercialización ilícita. El diputado Víctor Pino, presidente de la comisión especial sobre el robo de cables, enfatizó la importancia de seguir la ruta del dinero para desarticular las organizaciones criminales involucradas en este delito.

En la región de Bío Bío, considerada la segunda más afectada, los operativos policiales han logrado capturar a miembros de estas bandas, con detenciones y prisiones preventivas. Sin embargo, desde Coquimbo llaman a reforzar las medidas preventivas y sancionatorias para frenar el avance de esta problemática que afecta tanto a la seguridad pública como a la economía regional.

El fiscal Michelangelo Bianchi advirtió la dificultad de identificar la propiedad de los cables robados, por lo que instó a las empresas a implementar sistemas de denominación efectiva para facilitar las investigaciones. Por su parte, la diputada Francesca Muñoz pidió legislar para sancionar no solo a los autores materiales, sino a toda la cadena de involucrados en el robo, reducción y exportación de estos materiales.

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