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Cae banda de gendarmes que comercializaba drogas y celulares en cárcel de Illapel
Emol
Cinco funcionarios de Gendarmería fueron formalizados por cohecho, quedando en prisión preventiva.
Una investigación desarrollada por la Fiscalía Regional de Coquimbo y la Policía de Investigaciones permitió desarticular una organización criminal, integrada por gendarmes, que internaba drogas y celulares a la cárcel de Illapel.
En el operativo denominado «El Dorado», que permitió la detención 16 personas, se allanaron 21 viviendas en comunas de Illapel, Salamanca, Quilicura y Tomé. «Se realizó un registro y allanamiento extraordinario en el Centro de Detención Preventiva de Illapel, liderado por el Subdepartamento de Servicios Especializados, Grupos Especial Antimotines, Centro Especial de Investigación Criminal de Gendarmería y la Brigada Antinarcóticos de la PDI, incautando elementos prohibidos por la autoridad penitenciaria como, aparatos telefónicos, armas blancas y licor artesanal, entre otros«, indicó Gendarmería.
Entre los detenidos, hay cinco funcionarios de Gendarmería, quienes fueron desvinculado de la institución.
Todos fueron formalizados en el Tribunal de Garantía de Illapel: «Quedaron acreditados por ahora asociación criminal contra cinco sujetos, cuatro de ellos custodios y un civil; tráfico de drogas a dos mujeres, un hombre y cuatro custodios; y cohecho a cinco funcionarios«, precisó el Ministerio Público.
En esa línea, el Juzgado de Garantía ordenó la prisión preventiva para cuatro gendarmes. Otro, en tanto, quedó con arresto domiciliario total y prohibición de comunicarse con el resto de los imputados.
Según detalles publicados por T13, la organización funcionaba mediante una cadena de coordinación. En el exterior operaban los que conseguían las drogas y civiles que coordinaban las entregas con gendarmes.
Al interior, los funcionarios ingresaban clandestinamente drogas y celulares, que eran distribuidos por internos de confianza.
Los gendarmes recibían pagos por la adquisición de los objetos. De hecho, uno de los imputados habría cobrado hasta 600 mil pesos por la adquisición de ciertas sustancias y teléfono.
El tribunal decretó un plazo de 120 días de investigación.
